Jubilaciones: la solidaridad siempre empieza por otros
El
sistema jubilatorio argentino se define como solidario. Pero esa
solidaridad, en los hechos, es selectiva.
Un trabajador del
sector privado puede haber aportado durante 40 años sobre
salarios elevados y, aun así, su jubilación está
limitada por un tope legal: hoy, alrededor de $2,5 millones
mensuales. Ese tope no es accidental. Es una decisión
explícita del sistema previsional basada en la necesidad de
sostener el interés general.
Sin embargo, ese principio
desaparece cuando se trata de ciertos sectores del Estado. Jueces,
embajadores, funcionarios y expresidentes perciben jubilaciones muy
superiores, financiadas por el mismo sistema que impone límites
estrictos al resto de los ciudadanos.
La desigualdad no es
marginal. Miles de jubilados del Poder Judicial cobran entre $5 y $9
millones mensuales, duplicando o triplicando el haber máximo
del régimen general. No se trata de excepciones, sino de un
régimen estructuralmente privilegiado.
Se sostiene que
estos beneficios son “derechos adquiridos”. Pero el
propio sistema previsional contradice este argumento: si los aportes
generaran derechos ilimitados, no existiría ningún tope
para los jubilados privados. El tope existe porque el sistema
reconoce que el interés general prevalece sobre el beneficio
individual.
Aplicar el mismo tope jubilatorio de $2,5 millones a
todos los beneficiarios, sin excepciones, permitiría un ahorro
fiscal estimado en alrededor de $470.000 millones anuales,
proveniente principalmente del Poder Judicial y otros regímenes
especiales.
Ese ahorro no resolvería todos los problemas
del sistema previsional, pero permitiría:
• mejorar
las jubilaciones mínimas entre el 10% y el 15%,
•
garantizar medicamentos esenciales,
• o reducir el déficit
sin seguir ajustando sobre quienes menos tienen.
La pregunta es
simple:
¿por qué el esfuerzo contributivo tiene un
límite para el trabajador privado, pero no para quienes
integraron el poder del Estado?
La solidaridad no puede ser
selectiva.
Si el sistema tiene un tope, debe ser para todos.
Lo
demás no es un derecho adquirido: es un privilegio.
Esperemos
que Milei se acuerde que dijo que el ajuste lo pagaría la
casta
Juan Chapar
DNI 4537604